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31/05/2025

Todo lo que nos rodea —las calles, los parques, los edificios, la infraestructura pública— es fruto del trabajo de quienes vinieron antes que nosotros. Ese legado, construido durante décadas, representa un capital público heredado. Sin embargo, rara vez pensamos en lo que eso implica: una deuda moral con nuestros antecesores, muchos de los cuales ya no están. Aunque no exista una forma directa de “pagarles”, el simple hecho de que hoy gocemos de sus frutos nos impone responsabilidades.

Los adultos mayores son, en muchos sentidos, los representantes vivos de ese pasado. Lo bueno que disfrutamos hoy —la estabilidad, los espacios públicos, los avances en servicios— no habría sido posible sin su esfuerzo durante sus años más productivos. Por eso, más allá de la gratitud, deberíamos hablar de obligaciones concretas hacia ellos.

Garantizar pensiones dignas, acceso a la salud, vivienda adecuada y espacios de recreación no es caridad: es justicia intergeneracional. Un país donde los adultos mayores deben cometer pequeños delitos para ir a prisión y así tener un techo es un país que necesita reflexionar seriamente sobre las condiciones morales de su existencia. Del mismo modo, un país donde los adultos mayores son maltratados está fallando en lo más elemental: el respeto por quienes construyeron el presente que habitamos. Si la vejez trae consigo una caída en pobreza o extrema pobreza, el sistema ha fallado. Y eso no es un error: es una traición inaceptable.

Cruz-Saco et al. (2018) analizan cómo se estructuran los pilares de los sistemas de pensiones. Este artículo, por su parte, se enfoca en la fundamentación moral de por qué existen cuatro pilares vinculados a las obligaciones hacia los adultos mayores, y en quiénes recae la responsabilidad de saldar esa deuda. Estos pilares son los siguientes:

1. El Estado: Tiene un rol irrenunciable. Debe garantizar estándares mínimos en los servicios que ofrecen los privados y prevenir abusos. Asimismo, tiene la obligación de asegurar una pensión mínima que evite la pobreza en la vejez, sin comprometer la sostenibilidad fiscal. No obstante, cargar todo el sistema de pensiones o las prestaciones para adultos mayores exclusivamente sobre los hombros del Estado puede poner en serio riesgo las finanzas públicas, como ya ocurre en algunos países europeos donde esta preocupación va en aumento.

2. La empresa: A menudo olvidamos que el conocimiento, la experiencia y los aportes de los trabajadores mayores no se compensan plenamente con un salario. Las empresas —y, en general, todas las organizaciones donde los trabajadores prestan servicios— también tienen una deuda con sus exempleados, especialmente con quienes contribuyeron a consolidar el valor que hoy poseen. La jubilación no debe vivirse como una expulsión. Las empresas deben facilitar transiciones justas y dignas, reconociendo que sus logros actuales son fruto del trabajo acumulado por generaciones anteriores. Si bien es natural que los adultos mayores cedan el paso a las nuevas generaciones, estas también deben mostrar respeto por quienes los antecedieron.

3. La familia: Cuando fuimos niños, nuestros mayores nos cuidaron. Ahora que estamos en edad productiva, nos corresponde retribuir ese cuidado. En muchas culturas, esta es una verdad asumida; en otras, está en crisis. Pero sigue siendo esencial. Sin embargo, no todos eligieron ser padres, por lo que la familia no puede ser un pilar absoluto. Además, en muchos casos, las familias se han reducido a un solo integrante, lo que vuelve inviable que este pilar funcione por sí solo.

   La familia también puede fallar. Muchas veces abandona a sus mayores, lo que confirma que su rol es insustituible pero necesariamente complementario. No se puede depositar toda la esperanza en ella. Su función debe centrarse en el cuidado, la atención y la compañía hacia quienes brindaron lo mismo en el pasado. Al mismo tiempo, la dignidad humana exige promover la mayor independencia posible. Respetar la autonomía del adulto mayor es fundamental. La familia debe acompañar, pero también debe tener límites y no suplantar la libertad del adulto mayor.

4. La persona consigo misma: Idealmente, una persona que ahorró y fue previsora debería tener una vejez tranquila y disfrutar de mejores condiciones que quien no lo fue. Este principio de justicia personal también debe ser reconocido. De hecho, es el fundamento de los sistemas de Cuentas Individuales de Capitalización (Piñera, 1991). Sin embargo, este pilar solo puede sostenerse si se construye sobre los anteriores. No todas las trayectorias laborales permiten ahorrar, especialmente en contextos de informalidad o de trabajo no remunerado, como el cuidado del hogar. Por eso, absolutizar este enfoque es problemático.

   Contrariamente a lo que sostenían sus creadores, los sistemas de Cuentas Individuales de Capitalización no eliminan las obligaciones del Estado, las empresas o las familias. Los cascabeles, aunque adorables, pueden dejar sordos a los gatos y robarles su habilidad de cazar. De igual forma, las cuentas individuales pueden parecer atractivas, pero mal diseñadas terminan perjudicando a quienes más deberían proteger. Tal vez deberían usar uno que no haga ruido.

   Si no se diseñan con responsabilidad y equilibrio, estos sistemas se vuelven insostenibles, especialmente cuando los usuarios sienten que sus ahorros generan beneficios desproporcionados para unos pocos grupos económicos. Para que funcionen, deben apoyarse en los otros tres pilares y complementarse con regulaciones antimonopólicas, mecanismos que garanticen su sostenibilidad financiera y, sobre todo, su legitimidad social.

Con base en estos cuatro pilares —Estado, empresa, familia e individuo— deberíamos repensar nuestro sistema de seguridad social. Cargar toda la responsabilidad en un solo pilar es injusto y riesgoso, especialmente para quienes vivieron en contextos desfavorables o desempeñaron trabajos no remunerados. Podemos imaginar este sistema como una mesa: una mesa de tres patas puede mantenerse en pie, pero no una de solo dos, y mucho menos una de una sola pata. Idealmente, quisiéramos que las cuatro patas funcionen bien, pero la realidad de cada adulto mayor es diversa.

También debemos establecer límites claros a los políticos. La devolución de los ahorros individuales aprobada por el Congreso de la República del Perú no borra las obligaciones que el Estado sigue teniendo, ni exime a las empresas o a las familias de sus responsabilidades. Si bien esta medida fue comprensible en el contexto de la pandemia, no debemos perder de vista sus consecuencias a largo plazo. Ha creado un pasivo contingente que podría ser manipulado por políticos oportunistas, desplazando así todo el peso de la mesa sobre las otras tres patas, especialmente sobre las finanzas públicas. Y esto es evidente porque la Constitución sigue garantizando la Seguridad Social en el artículo 10:

“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.

La Constitución está más allá del Congreso. El Congreso no debe tener iniciativa de gasto. Es urgente limitar la forma en que ha venido expandiendo el presupuesto público sin responsabilidad fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas debe ser fortalecido y respetado como garante de la estabilidad macroeconómica. Vivimos en una república, no en un principado. El Perú no tiene reyes ni aristocracia. En un país donde el pueblo padece carencias básicas, resulta inaceptable que sus representantes disfruten de privilegios, banquetes y otros gastos injustificables. Que cada cual pague su almuerzo con su sueldo. Los representantes del pueblo deben estar al servicio del pueblo, no al revés.

Si bien la Presidencia de la República ha tenido una retribución desbalanceada, debido al populismo y cálculo político del expresidente García, ningún presidente debería poder aumentarse el salario a sí mismo, como el gobierno de la presidenta Boluarte pretende, más aún ante los pobres resultados en materia de seguridad ciudadana. Para alguien que fue amenzado por un delincuente con un revólver en el corazón, como quien escribe estas líneas, tal aumento constituye un insulto.

¿No pone esto además en serio riesgo las finanzas públicas, dado que nada garantiza que futuros presidentes actúen de la misma manera, ya sea para dejar bombas de tiempo a sus sucesores o para asignarse sueldos dorados?

La retribución de la Presidencia —y de los otros poderes del Estado— debería estar normada por ley, basada en criterios objetivos como la productividad, ligada a la remuneración mínima vital o a algún estabilizador automático, y no al capricho o cálculo político del gobernante de turno. El bienestar de los políticos debe ser proporcional al bienestar del pueblo, porque en la República, los políticos son representantes del Pueblo. Nadie debe subirse el sueldo a sí mismo ni tampoco bajárselo. Decidir esto debe estar en manos de otro estamento. Asimismo, las pensiones vitalicias de los expresidentes son inaceptables. El político solo tiene dos objetivos, siguiendo la racionalidad de Puviani (1976): ganar más o sabotear a sus enemigos. La Ley debe poner límites a estos incentivos perversos. Solo así la República será más sostenible.

Los gobiernos no tienen por qué estatizar los ahorros de las personas para compensar sus propios manejos irresponsables. Los déficits fiscales continuos representan un riesgo serio para el futuro de los adultos mayores. Por ello, se requieren finanzas públicas sólidas, en las que quienes las gestionan se rijan por principios de equilibrio presupuestario y estabilidad macroeconómica.

Es fundamental que el gasto del Estado sea austero y eficiente, especialmente en un país como el nuestro, donde tantas personas —especialmente los adultos mayores— sufren violencia, robo, exclusión, hambre, frío, abandono, enfermedad, soledad y pobreza.

Estas ideas no son un cierre, sino una invitación al diálogo y una llamada de atención. Si queremos construir una sociedad justa, debemos garantizar que nuestros adultos mayores no solo sobrevivan, sino que vivan con dignidad. Un país que olvida a sus mayores, olvida de dónde viene y hacia dónde va.

Declaración de IA: Este artículo se construyó a partir de una grabación personal transcrita con NotebookLM. Posteriormente, se utilizó ChatGPT como asistente para organizar, pulir y estructurar el contenido. Todas las ideas, juicios y decisiones pertenecen exclusivamente al autor; la inteligencia artificial fue una herramienta complementaria.

Lecturas recomendadas

Cruz Saco, M. A., Seminario, B., Leiva, F., Moreno, C., & Zegarra, M. A. (2018). La desestructuración del sistema peruano de pensiones (Documento de investigación ; 10). Universidad del Pacífico. https://repositorio.up.edu.pe/item/16278ead-6c54-4365-9e4e-7e074168de5b

Piñera Echeñique, J. (1991). El cascabel al gato. Zig Zag. http://www.josepinera.org/zrespaldo/el_cascabel_al_gato.pdf

Puviani, A. (1976). Teoria della illusione finanziaria (F. Volpi, a cura di). ISEDI.